Se cuenta el pecado pero no el pecador. Pues lo mismo pero al revés: contamos el milagro, pero no el héroe. Este relato, basado en hechos reales, es un trayecto de indagación y sinrazón por los entresijos de la Administración es lo que nos trae la historia de uno de los trabajos más duros de Xedega, en el que no nos dejamos intimidar por los mitos más oscuros sobre la burocracia, le concedimos el beneficio de la duda y nos sorprendimos con su faceta más humana.
No hace mucho tiempo una empresa entró en el procedimiento judicial conocido como Concurso de Acreedores. Para el relato, el Administrador concursal, nuestro villano particular, emprende el proceso de liquidación como el robot de una cadena de montaje y somete a subasta todo el inmovilizado de la empresa en cuestión.
Por su parte, 11 trabajadores contaban con los dedos de las manos sus últimos días de trabajo y a falta de otra alternativa, conscientes de su experiencia, decidieron ponerse en contacto con la Xunta para formar una cooperativa, ya que “nos suena que cuando una empresa se disuelve, los trabajadores suelen formar cooperativas”. Primer batacazo. Es agosto y la Xunta está bajo mínimos, pero los ponen en contacto con una asesoría de las Rías Baixas. Sobrepasados de trabajo y faltos de personal, los remiten a Xedega (“ahí siempre trabajan”) y empieza la odisea.
Lo primero, estar decididos. Siete de los 11 ex trabajadores pidieron una capitalización del paro para hacer una oferta por todo el patrimonio de la empresa y así continuar con su labor. Pero el Administrador lo tenía muy claro. Vender al mejor postor. Recuperar todo cuanto pudiera al mayor precio posible y la oferta de los trabajadores (la cuarta parte del precio de partida) no hacía siquiera frente a una oferta extranjera por cuatro máquinas. Como representante de la justicia, el abogado tenía todas las papeletas para solucionar el problema como más le beneficiara.
Pero, como decimos, la determinación es fundamental y uno de nuestros asesores acompañó a los siete trabajadores para afrontar un imposible: hablar directamente con el juez encargado del caso, adentrarse en su terreno y convencerlo de que, según el espíritu de la Ley Concursal, habrá que beneficiar siempre toda puja que favorezca la continuidad de la actividad de la compañía implicada (como se comprometía la oferta de la nueva Cooperativa). Sorprendentemente, el juez accedió a establecer el contacto sin cita previa y no sólo eso, sino que también convino en el espíritu de la ley. Pero… habiendo depositado sus poderes en el Administrador, le haría falta la certeza absoluta sobre la viabilidad del proyecto que le presentábamos para poder contradecir a nuestro villano particular. Así que de vuelta a Vigo, de paso por Santiago, nuestro asesor y sus siete jinetes pararon en un Departamento de la Xunta de cuyo nombre no debemos acordarnos. La negativa fue rotunda y nadie estaba dispuesto a asumir el riesgo de avalar ante el juez la viabilidad del proyecto de siete personas que no tenían más experiencia laboral que la de la actividad con la que pretendían continuar.
Abatidos e impotentes ante el poderío del Administrador concursal, sin influencia sobre el juez y con el rechazo de la Xunta todavía en carne viva, llegar a Vigo fue como encontrarse con una lancha en medio de un naufragio. En el correo electrónico, un alto cargo del mencionado Departamento de la Xunta se ofrecía a avalar ante el juez lo factible del Proyecto. Al juez no le hizo falta nada más que su palabra para unirse a la causa y el Administrador, desde la altura de su despacho acristalado de usurero, poco pudo hacer para contradecir la palabra de la justicia.
La oferta de los trabajadores se ejecutó y en estos momentos, la Cooperativa ha logrado recuperar ya una cuarta parte de la inversión y empezar a generar beneficios. Ahora, meses después de su creación, tomó la primera ducha de agua fría de la que hablábamos en nuestro artículo anterior y contempla dar un nuevo paso para internacionalizarse.
Sintiéndolo mucho por la creencia popular, así desmontamos uno de las grandes ficciones de nuestro tiempo sobre la pasividad generalizada de la burocracia hacia los ciudadanos. De no haber sido por el compromiso, la implicación y la comprensión del juez y el funcionario de la Xunta, estos siete trabajadores no estarían cobrando más que la prestación del paro, en vez de haber dado continuidad a lo que siempre supieron hacer. Claro que ciertas reticencias seguirá habiendo desde la administración hacia este tipo de osadías cuando tanto el juez como el funcionario en cuestión creen que su nombre está mejor en el anonimato.
Brais Suárez y Juan Gómez